domingo, 19 de noviembre de 2006

Aborto y legislación

Por Marina Navarro
A mediados de 1982 el 10% de la población mundial vivía en países donde la práctica del aborto estaba prohibida, en todas sus circunstancias y otro 18% de la misma habitaba en aquellos países en los que estaba permitido solamente para salvar la vida de la mujer.
Durante los últimos 15 años, las leyes referentes al aborto se han liberalizado en muchos países, por ejemplo en España. Esto se ha hecho para combatir los índices elevados de abortos ilegales, con sus complicaciones consecuentes, y como reconocimiento del derecho que tiene las mujeres de gobernar su reproducción.
En Argentina el aborto es ilegal. La ley establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para quien realiza el procedimiento (artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal). La misma ley estable dos causas de excepción a estas penas: cuando el aborto se practica para "evitar un peligro para la vida o la salud" de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de "una mujer idiota o demente" (artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal). Estas dos excepciones en la práctica raramente se cumplen; en casi todos los casos que entran dentro de estos supuestos los médicos se niegan a practicar el aborto por sus propias creencias religiosas.
Las restricciones de Argentina en el acceso a los anticonceptivos y al aborto amenazan a los derechos básicos de las mujeres a la vida, a la salud y a la igualdad,En el informe de Human Rights se hace un llamado al gobierno de Argentina a que proteja los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a la integridad física, a la información, a la libertad, a la libertad religiosa y de conciencia, al goce igual de los derechos, a la igualdad de protección ante la ley, y el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. Como un asunto de urgencia, se plantea la necesidad de:
Asegurar que la mujer tenga acceso a información sobre anticonceptivos completa, correcta, y oportuna;
Otorgar acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos—inclusive la esterilización;
Garantizar el acceso a un aborto voluntario y seguro donde el Código Penal no lo penalice; y
Asegurar que la mujer tenga acceso a una atención humanizada post-aborto sin tener que temer una sanción penal.
Para una prueba de que penalizar el aborto no reduce las tasas de aborto ysólo pone en peligro las vidas de las mujeres, consideremos a AméricaLatina. En la mayor parte de la región los abortos son un crimen, pero latasa de éstos es mucho más elevada que en Europa Occidental o EstadosUnidos. La presión internacional está ayudando. En octubre, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió que Perú había violado los derechos de una mujer cuando un hospital le negó el aborto a una joven de 17 años de edad que gestaba un feto severamente deformado, quien falleció pronto después del nacimiento. En Argentina fue resonante el caso de una nena con discapacidad embarazada, víctima de una violación. Las conferencias de Naciones Unidas sobre las mujeres también han obligado a los gobiernos a dar seguimiento y publicar sus avances en la expansión de los derechos de las mujeres. Esto ha alentado a los grupos de mujeres y conducido a la creación de oficinas gubernamentales sobre asuntos de las mujeres que han ayudado a impulsar el derecho al aborto.

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